Escándalos relacionados con la diligencia debida y derechos humanos o el medio ambiente no han pasado inadvertidos ni en la sociedad actual ni para los distintos legisladores. En este sentido, mencionar como casos presentes en la memoria colectiva el colapso del edificio Rana Plaza, Bangladés o el desastre de Aznalcóllar, Andalucía. Ambos incidentes, por desgracia, no fueron aislados ni imprevisibles, lo que no viene pasando desapercibido para el regulador europeo.
Así, enfatizando las responsabilidades de las empresas europeas ante situaciones como las mencionadas, en palabras del propio Parlamento, el motivo de esta regulación a nivel europeo era sencillo: “las normas voluntarias no han logrado avances significativos para prevenir del menoscabo de los derechos humanos y del medio ambiente, ni para permitir el acceso a la justicia”.
Esta preocupación no es sólo propia de la Unión Europea. Así, desde hace más de una década, textos de la OCDE insisten en la importancia de las grandes organizaciones, especialmente las multinacionales, como embajadores de buenas prácticas en otras geografías o frente a organizaciones más modestas. Más recientemente, Estados Unidos tampoco ha querido quedarse atrás con el impulso de la diligencia debida en 2024 a través del llamado National Action Plan (NAP) on Responsible Business.
Un paso más allá: La Directiva CSDDD
Así las cosas, el pasado 24 de abril de 2024 el Parlamento Europeo dio luz verde en sesión plenaria al texto final de la Directiva CSDDD quedando únicamente prevista en mayo la aprobación formal para su publicación oficial en el DOUE.
Con esta iniciativa, la Unión Europea da un paso al frente para homogeneizar los requisitos de diligencia debida entre los Estados Miembros, – no sin piedras en su camino de aprobación – en su encomiable tarea de protección específica de las agresiones contra el medio ambiente y los derechos humanos, contemplando cautelas exigentes hasta ahora no previstas.
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