Los últimos meses de 2024 nos dejaron el anuncio de la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I) como órgano encargado no solo de la supervisión de la aplicación de la Ley 2/2023, sino también con nuevas funciones relacionadas los modelos de prevención de delitos en el sector público. Asimismo, cerramos el año con la creación de autoridades whistleblowing a nivel autonómico y el anuncio de nuevas fiscalías especializadas en delitos económicos.
Impacto en el sector público
En el sector público parecería lógica la conveniencia de respaldar una cultura ética enfocada a la prevención, a la concienciación y a la mejora de una cultura de transparencia. Sin embargo, nuestro Código Penal, en su artículo 31 quinquies, dispone expresamente la ausencia de aplicación de las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas, alineado con otras legislaciones vecinas. Si bien podemos encontrar algunas excepciones de interés en compliance.
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